No es posible, desde luego, ni conveniente tampoco, esconder tras las palabras la gravedad de los disturbios que grupos de jóvenes (al menos eso parecían) encapuchados, perfectamente armados y, al parecer, bien mentalizados y entrenados para ese tipo de terrorismo urbano, perpetraron en el corazón mismo de la capital del país, el sábado 1° de diciembre, fecha en que rindió protesta como Presidente de México el Lic. Enrique Peña Nieto. La nación entera presenció consternada, indignada y alarmada (todo al mismo tiempo) la saña, la fiereza y la irracionalidad con que arremetieron con todo en contra de la policía, del muro metálico colocado para garantizar la seguridad del evento mencionado y, poco después, contra bancos, hoteles, restaurantes, comercios en general, y contra la infraestructura recién restaurada de la alameda central: quebraron lámparas, arrancaron de cuajo bancas de acero ancladas al piso, derribaron estatuas de su plinto y no se salvó, siquiera, el monumento al Benemérito de las Américas don Benito Juárez. El desafío a las fuerzas policíacas fue mayúsculo; y no cabe duda de que, en varios momentos, la vida misma de los guardianes del orden estuvo en juego, a pesar de lo cual, éstos mantuvieron la serenidad y la mesura que la peligrosa situación demandaba. Creo que es menester reconocer, con total desinterés y sinceridad, la responsabilidad, el profesionalismo y la disciplina con que se condujeron estos servidores públicos, así como el dominio del oficio, la inteligencia y la mesura de los mandos superiores y de los funcionarios que estuvieron a cargo del operativo. Un paso en falso de cualquiera de ellos y la tragedia se hubiera desbordado sin lugar a dudas.
Pero si la magnitud y las características del ataque lo ubican como el más grave que haya vivido la Ciudad de México en toda su historia, más preocupante se antoja la razón que movió a quienes planearon, organizaron y pusieron en ejecución el asalto terrorista. En efecto, por la saña y la virulencia con que actuaron los encapuchados, no hay duda de que iban en busca de que corriera sangre, de que hubiera un muerto (o varios), el pretexto ideal para desencadenar la lucha frontal contra el gobierno del país que se iniciaba en ese día. En fin, una provocación en toda regla, abierta y sin disimulos. Así las cosas, la pregunta obligada es: ¿a quién beneficiaría una revuelta social en este momento? ¿A quién conviene poner en jaque a las nuevas autoridades del país? ¿Qué intereses, políticos o de cualquier tipo, tratan de imponerse mediante la violencia y el terror, buscando doblegar al gobierno y a las instituciones nacionales?
El primer riesgo que hay que evitar, al tratar de contestar estas interrogantes, es la obviedad. Pareciera casi pleonástico para muchos que, detrás del grave incidente y de la gente que lo protagonizó, está Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido MORENA, en vista de que es él quien más, y de modo más radical, ha impugnado el triunfo de Enrique Peña Nieto y reiteradamente amenazó con hacer patente el rechazo nacional al nuevo mandatario el día de su toma de protesta. Pero López Obrador es un ente político antes que todo; un hombre con filosofía política, con proyecto de país y con programa de acción, mismos que intenta hacer realidad mediante la conquista democrática del poder de la nación con la simpatía y el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Y al más lerdo le quedaría claro que, con actos vandálicos como los que comento, no se gana el apoyo de nadie, y sí el temor, la desconfianza y el repudio de los ciudadanos de buen vivir, sean ricos, pobres o clase media. Adicionalmente, es práctica común de quienes ejecutan actos en pro de su causa desde la clandestinidad, reivindicarlos públicamente como suyos, precisamente para reclamar sus frutos; pero en este caso, lejos de eso, se intenta ocultar la mano que mece la cuna lanzando falsas pistas como acusar “a los antorchistas” y a otras corrientes políticas que, obviamente, están metidas con calzador en los sucesos. Es verdad que el líder histórico de MORENA padece dos deficiencias que pudieran volverlo proclive a este tipo de aventuras: su caudillismo y su visceralismo, que son conocidos y comentados por todo mundo. Aun así, me atrevo a afirmar que me parece poco probable su responsabilidad, o que, en el peor de los casos, no es sólo ni principalmente de él.
En mi modesto juicio, hay otra probabilidad, coherente y sólida, para explicar los hechos. Se trataría de poderosos intereses que no se sienten representados ni en el pensamiento ni en la personalidad política del Lic. Peña Nieto. Me refiero a esos “poderes fácticos” de que habló el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, en su discurso con motivo de la firma del “Pacto por México” impulsado por el Presidente de la República. ¿Quiénes representan esos “poderes fácticos? No lo sé ni me toca a mí decirlo, pero puede hallarse una pista segura en las “trece decisiones de gobierno” que el Sr. Presidente anunció en su toma de posesión. Por tanto, si yo no ando muy desencaminado, estaríamos al inicio de una lucha en contra de algunos de los propósitos presidenciales, cuya instrumentación no será fácil ni tersa. El tiempo lo dirá.
Quiero terminar con una nota amable. Hace pocos días, el Dr. Ramón Ojeda Mestre se refirió, en forma por demás generosa y valiente, a una conferencia que pronuncié ante un grupo de doctores en economía (principalmente), y que se llamó “La situación global. Una visión crítica”. El artículo del Dr. Ojeda Mestre me sacudió profundamente. Y no porque me considere merecedor de su razonado comentario. Es verdad que yo suelo poner lo mejor de mí cada vez que mi organización, o simplemente la vida, me ponen frente a una tarea tan difícil como la de hablar de tema tan amplio y tan complejo ante un grupo de gente de muy alto nivel académico, y, además, sé que Nietzsche escribió alguna vez que “nunca hablar de uno mismo es forma refinada de hipocresía”. Pero con todo, el motivo de mi conmoción es éste: Ramón Ojeda Mestre es Licenciado en Derecho; con maestría y doctorado en Administración Pública por la UNAM; diplomado en Derecho Urbano por el ITAM, la Universidad de Manchester, Inglaterra, y la Universidad de Arizona, en EE. UU.; Doctor en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España; Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental; Secretario General de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental; ha sido distinguido con la Orden al Mérito Docente; con la medalla al Mérito Académico Universitario; con la Orden de Honor al Mérito del Instituto Mexicano de Cultura; con la legión de Honor Nacional y con el Premio Mundial Elizabeth Haub 2005; es maestro definitivo de Derecho Ambiental, ganado por oposición, en la máxima universidad del país, nuestra querida y respetada UNAM. Nada más, pero nada menos. Y si cualquier hombre de bien se sentiría honrado con un elogio salido de tan calificada pluma, yo no puedo (y no quiero) ser la excepción. Nobleza obliga.
