Desde la inundación del año 2007, la población tabasqueña, en su mayoría habitantes de comunidades humildes y maginadas, han venido lidiando con el problema de las reubicaciones; se ha considerado que las personas que viven a los márgenes de los ríos dejen sus viviendas para ser reubicados en fraccionamientos que se encuentran en zonas bastante retiradas de la que ellos proceden.
En esta ocasión, se ha fijado la mirada en la ranchería Corregidora tercera sección del municipio de Centro. Esta comunidad cuenta con 300 familias y aunque tiene algunos servicios básicos, no deja de ser una de las comunidades con mayor rezago social. Pero el principal problema radica en las cuestiones de reubicación.
Desde la del año 2007 tanto Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Gobierno del estado y el Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB), han insistido para que 60 familias que se encuentran al margen del rio Carrizal dejen sus viviendas y sean reubicados en el “corredor viviendístico Parrilla-Playa del Rosario” donde actualmente existen los fraccionamientos: 27 de octubre, Gracias México, entre otros, y donde la empresa Casas GEO invierte 4 mil millones de pesos en la construcción de 12 mil 500 casas que serán habitadas por los reubicados.
Sin embargo los habitantes afectados por las inundaciones no están de acuerdo con la reubicación. “A nosotros no nos conviene porque somos gente de campo, nosotros vivimos de la tierra, nuestros familiares y esposos son jornaleros. No tenemos nada que ir a buscar allá”. Señaló doña Carmita Soberano García, originaria de Corregidora tercera sección.
El arrepentimiento
Según pobladores de Corregidora, son 15 familias las que desde el pasado 2008 aceptaron la reubicación a Bosque de Saloya (otra zona de fraccionamientos creada por el gobierno del Estado y federal para reubicación) porque la zona en la que vivían, la compuerta del Valladolid, es de alto riesgo por las inundaciones. Hoy, estas familias se encuentran arrepentidas.
“Ahora las 15 familias se siguen inundando, pero con agua de drenaje, cada que llueve se inundan con aguas negras. Porque las casas que les dieron, aparte de ser auténticos “palomares” están muy mal hechas. Ahora están queriendo regresar nuevamente a la comunidad, pero sus casas fueron destruidas por el INVITAB y la Comisión Nacional del Agua; ya no tienen dónde llegar, ni dónde vivir”. Señaló la ex delegada, María del C. Giménez Galván.
Estas familias no solo tienen que padecer las inundaciones sino que, desde fueron reubicadas, no se les ha entregado las respectivas escrituras que les garantice que ellos son los legítimos dueños de los predios en los que fueron reubicados; “solo nos dicen que están en trámite y que pronto las entregaran, mientras, estamos prácticamente amenazados que si no vivimos las casas no las pueden quitar”.
“Nosotros no sabemos hacer otra cosa más que trabajar en el campo y allá tenemos nuestras parcelas. Tenemos que semanear en casas de familias o pedir posada para que no viajemos diario y nos dé para la comida”. Aseguran los afectados.
La negativa y la alternativa
Las cosas van a empeorar para estas épocas de inundación, así lo aseguran todos los pobladores del lugar: el rio Carrizal del que han sido víctimas todos los años ahora cuenta con dos tapones que, según el gobierno del estado, retendrán el agua que viene de la compuerta el Macayo para evitar de nueva cuenta que la capital de Tabasco se inunde y así poder salvar a los empresarios y gente que disfruta del confort de la ciudad. Sin embargo, esta medida provocará que los humildes campesinos pierdan sus cosechas de plátano, maíz, animales de traspatio y se inunden cada año a niveles cada vez más altos.
A pesar de ello, los afectados, tienen la esperanza de que surja una alternativa que beneficie a ambas partes; “los que quedamos no nos vamos a salir, nosotros queremos otras alternativas por parte del gobierno. Y no sólo nosotros, sino todas las comunidades afectadas, desde Corregidora Quinta, Plátano y Cacao Tercera, Buena Vista, hasta llegar a Villahermosa”. Así lo dijo Giménez Galván.
La ex delegada dijo que las autoridades jamás han hecho ningún avalúo de las casas de las familias afectadas, pero que tanto como CONAGUA como el Gobierno del estado, les han dicho que como viven a orillas de rio, no tienen derecho más que a una pequeña vivienda. “Nos dijeron que si queremos; si no queremos que nos van a desalojar. Por ello, muchos nos afiliamos al Movimiento Antorchista, ya planteamos nuestra situación y estamos seguros que con su asesoría, apoyo, y unidas todas las familias que nos encontramos con el mismo problema, vamos a luchar para tener un lugar más seguro, libre de inundaciones y de los que solo quieren hacerse ricos a costa de nuestra desgracia”. Finalizó.
